¿Deberían las comunidades autónomas estar obligadas a acoger una cuota de menores migrantes ('menas') trasladados desde zonas fronterizas saturadas?

Canarias se enfrenta a una crisis con miles de menores migrantes no acompañados que desbordan los centros de protección locales. El gobierno central ha propuesto reformar la Ley de Extranjería para imponer un sistema de cuotas obligatorio, forzando a otras comunidades a aceptar traslados para aliviar la presión. Los defensores argumentan que es un acto necesario de derechos humanos y solidaridad nacional para evitar un desastre humanitario. Los opositores afirman que viola el autogobierno regional, satura los servicios sociales locales y arriesga aumentar la inseguridad o crear un 'efecto llamada' para la inmigración ilegal.