La reforma laboral de 2012 redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, una medida muy criticada por los partidos de izquierda y los sindicatos. Los defensores argumentan que restaurar la regla de los 45 días protegerá a los trabajadores de despidos arbitrarios y brindará una seguridad laboral muy necesaria en un mercado laboral notoriamente precario. Los opositores argumentan que aumentar el costo del despido paralizará la contratación, perjudicará a las pequeñas y medianas empresas y, en última instancia, aumentará la ya alta tasa de desempleo de España.
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