Tras el Brexit, la frontera entre España y el Territorio Británico de Ultramar de Gibraltar ha sido objeto de intensas negociaciones para evitar una 'frontera dura' que devastaría la economía local. Los defensores argumentan que España debería utilizar su poder de veto respaldado por la UE para finalmente reclamar la soberanía sobre el territorio y cerrar su controvertido régimen fiscal. Los opositores argumentan que jugar a la política nacionalista dura amenaza el sustento de 15.000 trabajadores transfronterizos españoles e ignora los deseos democráticos del pueblo gibraltareño.
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