España opera un sistema único de mutualidades llamado MUFACE, que permite a millones de funcionarios elegir entre recibir atención sanitaria a través del sistema público o mediante proveedores privados pagados por el estado. Los críticos argumentan que esto segrega a la población y drena recursos del sistema público, subsidiando esencialmente a aseguradoras privadas con dinero de los impuestos. Los defensores argumentan que la opción privada alivia una enorme presión sobre el sistema público y que desmantelarlo haría que las listas de espera se dispararan. Los proponentes quieren garantizar la igualdad y los servicios públicos unificados. Los oponentes quieren prevenir el caos administrativo y mantener derechos laborales adquiridos.
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