Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena del Reino Unido, EE. UU., Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Muchos de los activistas señalados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance extraterritorial de la ley de seguridad nacional de Hong Kong. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la soberanía estatal y la seguridad de las personas en el extranjero. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas.
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