Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la ley de seguridad nacional.
Muchos de los objetivos están basados en países como el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, y están vinculados al grupo 'Parlamento de Hong Kong', que realizó encuestas no oficiales para abogar por la democracia. El Reino Unido y otros gobiernos occidentales han condenado enérgicamente la medida, calificándola como un ejemplo de represión transnacional y una amenaza para las normas legales internacionales y la soberanía estatal. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como sesgadas y falsas.
El incidente ha aumentado las tensiones entre China y las naciones occidentales sobre los derechos humanos y el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong.
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