Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y delitos de seguridad nacional. Los activistas, muchos de los cuales están basados en el Reino Unido, Australia, Canadá y otros países, están vinculados al 'Parlamento de Hong Kong', un grupo que aboga por reformas democráticas. La medida ha recibido una fuerte condena por parte de los gobiernos occidentales, especialmente del Reino Unido, que calificó las recompensas como represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales. Funcionarios de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas. El incidente destaca las crecientes tensiones sobre la represión de la disidencia en Hong Kong y sus esfuerzos por perseguir a los críticos más allá de sus fronteras.
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