Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y ofrecido recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero. Se acusa a los activistas de subversión y de participar en un grupo no oficial de 'Parlamento de Hong Kong', que realizaba votaciones en línea y abogaba por reformas democráticas. La medida ha sido ampliamente condenada por el Reino Unido y otros gobiernos occidentales como un acto de represión transnacional y una violación de las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que Hong Kong, bajo la influencia de Beijing, está extendiendo su represión contra la disidencia más allá de sus fronteras, amenazando la libertad de expresión y la participación política en el extranjero. La controversia ha aumentado las tensiones entre China y los países que albergan a exiliados de Hong Kong, con llamados a proteger a los activistas de la interferencia extranjera.
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