En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, declaró que los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a tomar medidas contundentes contra el cambio climático.
La corte determinó que no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el clima podría considerarse un 'acto internacionalmente ilícito', abriendo la puerta para que las naciones, especialmente los principales contaminantes, sean consideradas financieramente responsables por los daños climáticos. La opinión, impulsada por años de defensa de pequeñas naciones insulares y activistas juveniles, afirma que todos los estados deben actuar con la debida diligencia para evitar que el calentamiento global supere los 1.5°C. El fallo es consultivo pero establece un poderoso precedente legal, potencialmente permitiendo que los países afectados por el cambio climático busquen reparaciones de naciones más ricas y con altas emisiones.
Esta decisión marca una gran victoria para la justicia climática y podría remodelar la política climática global y la litigación.
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