En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, declaró que todos los países tienen la obligación legal bajo el derecho internacional de abordar el cambio climático. La corte afirmó que no tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente podría violar tratados internacionales y derechos humanos, y que los principales contaminantes podrían ser responsables de reparaciones a las naciones afectadas por los impactos del clima. Esta opinión consultiva histórica, impulsada por naciones vulnerables como Vanuatu, afirma que un ambiente saludable es un derecho humano y que la inacción climática ya no es legalmente permisible. Aunque la opinión no es legalmente vinculante, establece un precedente poderoso para futuras litigaciones climáticas y responsabilidad global. La decisión es ampliamente aclamada como un punto de inflexión para la justicia climática y una victoria para las comunidades más afectadas por la crisis climática.
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